CCOO inicia la recogida de firmas para detener la privatización del Registro Civil

CCOO inicia la recogida de firmas para detener la privatización del Registro Civil

- La ILP necesita llegar a 500.000 suscripciones para ser debatida en el Congreso de los Diputados como Proposición de Ley

VALENCIAECONÓMICA.- La iniciativa impulsada por Comisiones Obreras pretende frenar la entrega del Registro Civil por parte del Gobierno a los registradores mercantiles, una estrategia que considera enmarcada en el desmantelamiento de la Administración de Justicia como servicio público fundamental. El Registro Civil es un servicio público desde 1871, su privatización pone en riesgo más de 5.100 empleos de la Administración de Justicia para favorecer a los registradores, que no son funcionarios públicos, tal y como establece la Unión Europea mediante sentencia.

Los argumentos desarrollados en el texto de la ILP recogen la oposición a la privatización de las organizaciones sociales, sindicales, de los partidos de la oposición, de decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas gobernados por el PP, así como de la Plataforma Justicia para Todos, colectivos jurídicos, asociaciones profesionales de jueces y secretarios judiciales, etc.

La privatización supondría pasar de las más de 8.120 oficinas actuales a poco más de 100 para toda España. Las repercusiones en el ámbito autonómico afectarían a todas las localidades de la Comunidad Valenciana que, a día de hoy, disponen de una red de oficinas donde se presta un servicio público y gratuito, atendidas por personal funcionario de la Administración de Justicia.

En la provincia de Valencia existen actualmente tres registros civiles en la capital y otros 16 correspondientes a cada cabeza de partido judicial, así como una oficina en cada Juzgado de Paz. Alicante cuenta con un Registro Civil exclusivo en la capital, más 13 en cada cabeza de partido judicial y 142 en cada Juzgado de Paz. En Castellón, al Registro Civil en la capital, se suman los 4 por cada cabeza de partido judicial y 8 en cada Juzgado de Paz, así como los más de 120 de los ayuntamientos.

Tras la modificación, los usuarios se verán obligados a desplazarse a alguno de los escasos registros mercantiles que se verán reducidos a uno en cada capital de provincia. Este ataque del Gobierno a los servicios públicos no responde a la calidad del trabajo, el Registro Civil es uno de los mejor valorados por la ciudadanía. Solo se han presentado quejas en menos del 9% de los registros del Estado, pese a la falta de medios y la afectación de los recortes.

En Valencia capital se realizan más de 26.000 inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones. En el de Alicante la suma supera las 16.000 y en Castellón las 8.000. A estas inscripciones principales hay que añadir las marginales, que en Valencia pasan de 14.000 y los más de 2.000 expedientes de rectificación, error o cambio de nombre.

Solo en el último año el registro de Valencia capital ha gestionado 5.000 expedientes de nacionalidad, el de Alicante 3.000 y el de Castellón 1.500. Respecto al número de certificaciones expedidas supera los 157.000, entre las casi 100.000 de Valencia, las 37.000 de Alicante y las más de 20.000 en Castellón, cifras a las que hay que añadir el trabajo realizado en el resto de registros de fuera de las capitales.

Comisiones Obreras insta a suscribir la ILP para “detener un ataque a los derechos de la ciudadanía y a rentabilizar las inversiones de dinero público” en referencia a los 130 millones que costó la digitalización de 123.000 tomos o 80 millones de páginas de los 432 registros civiles.

El sindicato denuncia que el Gobierno favorezca “el enriquecimiento de un colectivo minoritario y privilegiado como son los registradores, que, solo por los 150.000 expedientes de nacionalidad anuales, con un arancel de 100 euros, se embolsarían 25 millones de euros al año.

Además para el sindicato, las amenazas que se cierne sobre los más de 5.100 puestos de trabajo de la administración de Justicia también supone un riesgo para la garantía de la confidencialidad de los datos privados al que, sin embargo, sí que están obligados por ley los funcionarios públicos. El sindicato considera, además, que la privatización del Registro Civil supone un acto de presunta corrupción del mismo presidente del Gobierno, al participar en decisiones del Consejo de Ministros que afectan directamente a sus intereses como registrador y a los de su familia.

CCOO subraya que en Europa se mantiene el carácter público

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO lleva meses denunciando la privatización mediante una campaña de movilización, acompañada por la interposición de recursos contencioso-administrativos o la petición al Parlamento Europeo para que se dirija al Gobierno español reclamándole que no puede privatizar este servicio. En la mayoría de los países de la UE se mantiene en el ámbito público y su privatización es contraria a la norma europea. El 11 de abril está convocada una manifestación en Madrid por el personal funcionario destinado en el Registro Civil.

 

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