CCOO PV y UGT-PV instan a la Generalitat a la constitución urgente de la Mesa General de Negociación en la Administración Local

VALENCIAECONOMICA.- La repercusión directa sobre las condiciones de trabajo del personal de la Función Pública Valenciana de la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local obliga a que las modificaciones sean negociadas con las organizaciones representativas.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 7/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local exige que la Generalitat elabore un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de aquellos servicios de los que deberá asumir la cobertura en los plazos que marca la Ley.

La consecuencia inmediata de la entrada en vigor de esta norma es asunción por parte de las comunidades autónomas de competencias en materias relativas a Educación, Sanidad, Servicios Sociales e Inspección Sanitaria, que estaban realizando los municipios, diputaciones o entidades equivalentes.

Las decisiones que deben adoptarse por las diferentes administraciones públicas afectan a su potestad de autoorganización. Sin embargo, al tener repercusión directa sobre las condiciones de trabajo del personal a su servicio -tal y como establece el artículo 37.2ª) del EBEP y el artículo 154.3ª) de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana- deben ser negociadas con las organizaciones representativas.

Ambos sindicatos han mostrado su rechazo al contenido de la norma en defensa de una reforma que contemplara, no sólo la consolidación de las competencias municipales, sino la financiación suficiente de las mismas. Dicho cuestionamiento no es óbice para que las organizaciones sindicales cumplan con su obligación en materia de desarrollo de la norma y participación en su aplicación. La prioridad sindical al respecto es “garantizar el mantenimiento de los servicios, los empleos y la calidad, eficacia y eficiencia de los mismos”.

En este sentido, estas organizaciones sindicales se han dirigido a la Generalitat solicitando la convocatoria urgente de una mesa de negociación compuesta por la propia GVA, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y los sindicatos representativos en el ámbito de las Administraciones Locales Valencianas, para la aplicación de esta Ley en la Comunidad Valenciana.

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