El sistema español necesita acentuar aspectos genuinos del federalismo fiscal como la autonomía, la responsabilidad política y la rendición de cuentas

El sistema español necesita acentuar aspectos genuinos del federalismo fiscal como la autonomía, la responsabilidad política y la rendición de cuentas

VALENCIAECONÓMICA.- El sistema de financiación autonómica se enfrenta a un nuevo proceso de reforma por razones tanto económicas como normativas, a las que hay que añadir las derivadas de las tensiones territoriales. El último número de Papeles de Economía Española, editada por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y coordinada por Santiago Lago Peñas y Jorge Martínez-Vázquez, se centra en el diagnóstico del sistema de financiación vigente y plantea diversas propuestas de reforma con el objetivo de mejorar su eficiencia y equidad. Las conclusiones han sido presentadas hoy en Santander en el marco del XXII Encuentro de Economía Pública organizado por la Universidad de Cantabria.

El sistema español necesita acentuar aspectos genuinos del federalismo fiscal como la autonomía, la responsabilidad política y la rendición de cuentas. Además debería clarificar la nivelación horizontal, reforzar la rigidez de las restricciones presupuestarias autonómicas y garantizar que la descentralización no conlleve mayores riesgos de inestabilidad fiscal e incumplimiento de objetivos en materia de déficit y deuda pública.

El primer aspecto que debe tenerse en cuenta en la reforma es de la suficiencia y sostenibilidad en el tiempo de los recursos, ligado a la autonomía y responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Para lograrlo habría que introducir un alto grado de flexibilidad financiera en el sistema, proporcionando los instrumentos tributarios adecuados para ajustar preferencias e ingresos públicos. La discusión sobre el volumen global de recursos debería sustituirse por la discusión sobre la asignación y reparto de fuentes tributarias y la autonomía financiera en un contexto de restricción presupuestaria rígida. Se trataría de posibilitar que los gobiernos autonómicos cuenten con una capacidad de reacción propia en el ámbito tributario que les permita ejercer de una manera responsable e independiente del gobierno central sus obligaciones como proveedores de servicios públicos y de acuerdo a las preferencias y necesidades de sus residentes.

Esta mayor autonomía fiscal debe ir ligada a un incremento de la responsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión de sus propios recursos. Por ello, se deberían reforzar las administraciones tributarias regionales y a la vez profundizar en la fórmula de los consorcios con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para no perder las ventajas de las economías de escala y de la compartición de información.

La segunda cuestión que debe abordarse es la nivelación interterritorial. El nuevo sistema tendría que optar de manera definitiva, bien por la nivelación parcial, bien por la total. También habría que aclarar si se ponen o no límites a la reordenación. Otra cuestión a aclarar es si el sistema sigue tomando como referencia el concepto de necesidades de gasto per cápita o utiliza la población como variable. Por último, debería mejorar sustancialmente la participación de las comunidades forales en la financiación del sistema de nivelación interterritorial.

 

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