Justicia invierte 8,5 millones en la rehabilitación del Tribunal Superior y la Ciudad de la Justicia de Valencia

Gabriela Bravo ha explicado

VALENCIAECONÓMICA.- La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha presentado este jueves a las principales autoridades judiciales de la Comunitat Valenciana sendos proyectos de rehabilitación de los edificios que ocupan el Tribunal Superior de Justicia y la Ciudad de la Justicia de Valencia, con una inversión conjunta de 8,5 millones de euros.

Los dos proyectos serán financiados con fondos europeos procedentes de la Iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), un proyecto de la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para dar apoyo financiero a proyectos de regeneración o desarrollo urbano.

Este apoyo financiero procede del Fondo FIDAE, cofinanciado por el FEDER y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y operado por el Banco Europeo de Inversiones para impulsar proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren la eficiencia energética y/o utilicen las energías renovables. El acceso a este fondo ha sido posible gracias a la intervención del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

“Estos proyectos de rehabilitación incluyen una serie de actuaciones integrales encaminadas todas ellas a garantizar la seguridad y el confort de los trabajadores, de los profesionales y de todo el público que accede a estas sedes judiciales”, ha explicado la consellera durante la reunión con las autoridades judiciales, en la que ha estado acompañada por el secretario autonómico Ferrán Puchades.

La sede del Tribunal Superior de Justicia, un edificio del siglo XVIII pensado para sede de la Aduana Real de unos 14.000 metros cuadrados, adolece de importantes carencias en sus instalaciones que provocaba desde hace años las constantes quejas de sus ocupantes y usuarios.

Por su parte, la Ciudad de la Justicia de Valencia, inaugurada en 2003, es un complejo de 114.000 metros cuadrados en el que trabajan unas 2.000 personas y al que acuden alrededor de 5.000 visitantes cada día. Sus instalaciones tienen serias carencias en el aspecto energético, como la deficiente distribución de los difusores, del caudal del aire o la inapropiada potencia del sistema de climatización, así como un insuficiente aislamiento en los cerramientos en contacto con el exterior, con grandes fachadas de muros cortina y lucernarios en cubierta carentes de la adecuada protección solar.

El coste de la rehabilitación de ambos edificios se ha tasado en 8,5 millones de euros, a los que la conselleria ha accedido gracias un contrato de crédito suscrito el pasado día 22 de junio que ofrece unas condiciones muy favorables: un plazo de devolución de 15 años, a un 0% de interés y con los tres primeros años de carencia.

Otros proyectos

La financiación con cargo a los Fondos FEDER permitirá a la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ejecutar en los próximos tres años una serie de proyectos de eficiencia energética en sedes judiciales por un importe aproximado de otros 2,5 millones de euros. Estas actuaciones mejorarán de manera sustancial sus condiciones de habitabilidad y confort y generarán importantes ahorros en la factura eléctrica de hasta un 20 %.

Estas sedes son, entre otras, Benidorm, la Ciudad de la Justicia de Alicante, Novelda, Quart de Poblet, Vinaròs, Xàtiva, Villena, Nules, Segorbe, Ciudad de la Justicia de Castellón, Sagunt, Elx, Paterna y Elda. En todos estos inmuebles se acometerán actuaciones encaminadas a la mejora de la climatización, iluminación y aislamiento térmico de fachadas.

En el caso del Palacio de Justicia de Benalúa, ya se ha elaborado un anteproyecto de reforma que se pondrá en marcha en cuanto concluya un estudio geotécnico del terreno necesario para verificar el estado estructural del edificio.

La directiva europea 2010/31/UE, de 19 de mayo del 2010, prevé que en el horizonte de 2020 todos los edificios de nueva construcción, así como también las grandes rehabilitaciones, alcancen un “consumo energético casi cero”, o un balance energético cero. En el caso de las administraciones públicas, la fecha se adelanta en el año 2018.

Es necesario incluir el concepto de ‘eficiencia energética’ en las sedes judiciales, para lo que se hace necesario acometer una serie de reformas y actuaciones orientadas a reducir el consumo energético de los edificios. El compromiso de la Generalitat con los objetivos medioambientales obliga a la reducción de consumos y de emisiones contaminantes, para lo que es imprescindible la implantación de medidas de ahorro energético en los contratos de mantenimiento de sus instalaciones.

 

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