Justicia pone en marcha la implantación de la nueva oficina judicial en la Comunitat Valenciana

Justicia pone en marcha la implantación de la nueva oficina judicial en la Comunitat Valenciana

VALENCIAECONÓMICA.- La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas dio hoy el pistoletazo de salida al proceso de implantación del nuevo modelo organizativo de la oficina judicial en la administración de Justicia valenciana en aplicación de la ley 13/2009, que nunca fue desarrollada en la Comunitat. Este complejo proceso se desarrollará en dos fases a lo largo de 2016, al término del cual un partido judicial aún pendiente de determinar deberá contar ya con una nueva ofician totalmente operativa.

Ese fue el objetivo de la reunión de la Comisión Jurídica Asesora de Seguimiento para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana, que quedó así constituida en la tarde de ayer lunes en la sede de la Conselleria bajo la presidencia de la consellera Gabriela Bravo. Este órgano se encargará de coordinar el proceso de implantación del nuevo modelo organizativo, asesorará a los técnicos de la Conselleria encargados de hacerlo e impulsará los trabajos técnicos de las diferentes comisiones que será necesario constituir en los próximos días.

La comisión recibirá además todos los informes y propuestas que elaboren los grupos de coordinación de cada partido judicial, y centralizará toda la información relativa al proceso de implantación de la nueva ofician para su posterior transmisión al resto de implicados en la materia.

En 2016, el despliegue de la nueva oficina judicial en la Comunitat Valenciana se realizará en dos fases. En la primera, durante los seis primeros meses del año, se intentarán implantar servicios comunes generales (encargados de trámites como las notificaciones o los embargos) en todos los partidos judiciales de la comunitat.

A lo largo del segundo semestre de 2016, los esfuerzos se centrarán en la implantación de los servicios comunes de ejecución Penal varios partidos judiciales. Por último, la nueva oficina judicial deberá comenzar a funcionar como prueba piloto en un partido judicial con un pequeño número de órganos judiciales. Su posterior extensión a toda la administración de Justicia valencia es ya proyecto de legislatura. Para este proyecto, los presupuestos de la conselleria, pendientes de aprobación definitiva por Les Corts, disponen de una partida específica dotada con 2.800.000 euros.

Además de la consellera Bravo, son miembros de esta comisión el secretario autonómico Ferran Puchades; la directora general de Justicia, Àngels García Vidal, y el subdirector general de Modernización, Francisco Cabo. Además, integran la comisión la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva; el fiscal superior, Antonio Montabes, y el secretario de gobierno, José Miguel de Ángel.

 El resto de los miembros son el presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía, Manuel Durán; la presidenta del Consejo Valenciano de Procuradores, Laura Oliver; el presidente del Consejo Valenciano de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, y un representante de cada uno de los sindicatos con representación en el cuerpo de funcionarios de la administración de Justicia.

La Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial nunca fue desarrollada en la Comunitat Valenciana. La Orden 16/2011 de la antigua Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas crea y diseña la estructura necesaria para hacer posible la participación y coordinación de los distintos actores en el proceso de implantación, pero las comisiones y grupos creados en la misma nunca llegaron a constituirse.

Por este motivo, la actual estructura de la oficina judicial es la misma del siglo pasado. La rigidez de aquel diseño mantiene atomizadas las plantillas de los órganos judiciales e impide la puesta en marcha de formulas organizativas que permitirían optimizar los recursos. Así es imposible garantizar una correcta respuesta judicial a los ciudadanos.

 

 

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