La consellera Bravo y el ministro Catalá firman un acuerdo para invertir 860.000 euros en Justicia

La consellera Bravo y el ministro Catalá firman un acuerdo para invertir 860.000 euros en Justicia

VALENCIAECONÓMICA.-  La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha firmado hoy en Madrid con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, un convenio de colaboración entre ambos departamentos para la cesión de una partida presupuestaria de 860.000 a invertir en la reforma y mejora de la administración de Justicia en la Comunitat Valenciana.

La firma se produjo en la sede del Ministerio de Justicia, donde su titular y la consellera Bravo mantuvieron una reunión de trabajo para abordar otros asuntos de interés para la Justicia valenciana. Prioritario para la conselleria es la recuperación de quince órganos judiciales aprobados por el Gobierno central en 2010, pero cuya creación fue suspendida por la Generalitat por falta de soporte presupuestario. En este sentido el ministro se mostró muy receptivo y ambos acordaron poner en marcha el proceso administrativo para recuperar,de forma progresiva, aquéllos órganos judiciales con fórmulas como los juzgados bises o los de refuerzo.

La consellera también pidió al ministro Catalá que su departamento acelere los preparativos de un convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para la realización de pericias compartidas en casos de agresiones sexuales entre el Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el laboratorio de genética forense y criminalística del Instituto de Medicina Legal de Valencia.

El convenio firmado hoy establece la transferencia de un crédito presupuestario por importe de 859.879 euros a invertir ese ejercicio en programas de mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita o en proyectos de impulso de las nuevas tecnologías que coadyuven a una justicia más ágil, accesible y de calidad.

El convenio formaliza el compromiso financiero incluido en un acuerdo del Consejo de Ministros del 22 de mayo pasado por el que se aprobó la distribución de un crédito total de seis millones de euros entre las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia a invertir en los objetivos fijados por la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia celebrada el 8 de abril anterior.

Quejas del CVCA por la situación del Juzgado de lo Social de Elche

Por otro laod, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), que integra a los Decanos de los 8 colegios de abogados de la Comunidad Valenciana, han comunicado a la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la situación de parálisis que está sufriendo el Juzgado de lo Social número Uno de Elche, en el que se suspendieron todos los juicios el lunes, 7 de Septiembre, por no disponer de Agente Judicial sustituto. Ayer, día 8 de Septiembre, ya fue cubierta la baja del Agente Judicial y se han retomado los procedimientos.

Según ha explicado el Decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, ya se solicitaron refuerzos para poder atender los procedimientos laborales en este partido judicial, no sólo para el Juzgado de lo Social nº Uno, sino también para el Registro Civil y diferentes tribunales. En los Juzgados de Elche se confía en la sensibilidad de la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, con quien se tiene prevista una reunión próximamente.

En este último caso, el Agente Judicial asignado para este Juzgado de lo Social estaba en situación de baja laboral desde hace unos quince días, y hasta fecha de ayer, no se había enviado a ninguna persona que le sustituyera. La Conselleria ha estado informada de la situación de baja de este profesional y de la imposibilidad de que el Juez Titular de dicho Juzgado celebrase los juicios, además de presidir la vista, llamar a las partes y demás intervinientes y grabar la vista.

Según explica el Presidente del CVCA, Mariano Durán,la Justicia de la Comunidad Valenciana no puede soportar durante más tiempo esta situación de abandono y retrasos por falta de personal, pese a las limitaciones de Presupuesto con las que se enfrenta este área, tan importante como la Sanidad o la Educación para nuestra sociedad”.  “Ya no se trata de un problema coyuntural, sino de una situación que viene repitiéndose en el tiempo y que necesita ya una solución”.  Y añadió: “además, los refuerzos deben tener una previsión de estabilidad y continuidad temporal razonable y suficiente, cosa que no sucede hoy en muchos casos como en Valencia y Elche”.

Cabe recordar que abogacía valenciana viene advirtiendo desde hace años la inaceptable situación en la que se encuentra la jurisdicción de lo Social, agravada con la crisis económica y el incremento de asuntos, en perjuicio de la calidad de las resoluciones judiciales y a veces, con retrasos de los señalamientos superiores a los dos años, en asuntos tan delicados como por ejemplo, los despidos. “El último y principal perjudicado es el ciudadano que es el que acusa la falta de medios personales necesarios”, señala Mariano Durán. En su opinión, “sin Pacto por la Justicia en la Comunidad Valenciana y sin un plan a cuatro años, no habrá solución, en perjuicio de los derechos más básicos de los ciudadanos”.

 

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