La recaudación esperada en la Comunitat por el Impuesto sobre el Patrimonio será un 17,68% mayor que en 2015

La recaudación esperada en la Comunitat por el Impuesto sobre el Patrimonio será un 17,68% mayor que en 2015

- La Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana (APAFCV) explica en esta breve guía si está obligado a presentar el modelo 714 de declaración del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) antes del 30 de junio

- Advierte que la Conselleria tiene el foco puesto sobre los contribuyentes por este impuesto

La recaudación esperada de la Comunitat Valenciana por este impuesto será en 2016 un 17,68% mayor que en 2015, muy superior a la variación media española que se estima en un 5,57%. Solo la superan Illes Balears y Aragón, y en todas las demás comunidades la tasa de variación es negativa.

El titular de Hacienda y Modelo Económico de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler ya manifestó, antes de terminar el año 2015, la intención del Consell de “hacer un sistema tributario más justo, pero no nos ha dado tiempo”.

Lo cierto es que el factor tiempo es clave para los contribuyentes y para sus asesores fiscales, que van siempre a rebufo para cumplir en tiempo y forma con las innumerables obligaciones tributarias que deben satisfacer.  También es una cuestión de “timing” el llevar a cabo una planificación fiscal óptima de acuerdo a la normativa vigente y una gestión de los posibles riesgos fiscales de la actividad económica o profesional, que resulta cada vez más difícil de abordar, atendiendo a la vorágine de reformas legislativas y a la consecuente inseguridad jurídica en las que nos encontramos inmersos.

Con la mirada puesta en el horizonte, esperamos que, de cara a la reforma tributaria que está preparando actualmente la Generalitat, sean tomadas en consideración las propuestas recientemente presentadas desde APAFCV y la CEV para el ajuste, desarrollo y crecimiento económico de la Comunidad Valenciana.

¿Quién está obligado a declarar el IP?

Son sujetos pasivos las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español (obligación personal) y también las que no tengan su residencia habitual en España y sean titulares de bienes y derechos que estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español (obligación real).

Están obligados a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio, ya lo sean por obligación personal o real, los sujetos pasivos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)      Su cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de este Impuesto, y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar o,

b)      Cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.

A efectos de la aplicación de este segundo límite, deberán tenerse en cuenta todos los bienes y derechos del sujeto pasivo, estén o no exentos del Impuesto, computados sin considerar las cargas y gravámenes que disminuyan el valor de los mismos, ni tampoco las deudas u obligaciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo.

Téngase en cuenta que la base imponible, determinada según las normas del impuesto, es igual o inferior al mínimo exento establecido, bien con carácter general en 700.000 euros, bien en el importe que en ejercicio de sus competencias normativas sobre el citado mínimo exento han aprobado las CCAA  para sus residentes, no existirá obligación de declarar. Asimismo, debe atenderse para determinar  o no la concurrencia de esta circunstancia a las bonificaciones sobre la cuota íntegra del impuesto aprobadas por algunas CCAA. Todo ello siempre que el patrimonio bruto no resulte superior a 2.000.000 de euros.

Los residentes en territorio español que pasen a tener su residencia en otro país podrán optar por seguir tributando por obligación personal en España por el conjunto de los bienes y derechos de contenido económico de que sean titulares a 31 de diciembre, con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos. La opción debe ejercitarse mediante la presentación de la declaración en el primer ejercicio en el que hubiera dejado de ser residente en el territorio español.

Es importante destacar que, desde el 1 de enero de 2015, ha sido modificado por Ley 26/2014 el régimen especial de los “trabajadores desplazados a territorio español”  establecido en el art.º 93 de la Ley del IRPF, quedando sujetos al IP por obligación real los contribuyentes del IRPF que opten por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Principales elementos a declarar y valoración

Como sabemos, el IP se devenga el 31 de diciembre de cada año afectando al patrimonio del que sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha. Estos son los principales elementos a declarar y su valoración:

•Inmuebles rústicos o urbanos: por el mayor de los tres valores siguientes: el valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos ó el precio, contraprestación o valor de adquisición.

Si se trata de inmuebles en construcción, se valoran por el valor del solar más las cantidades invertidas en la construcción hasta el 31 de diciembre de 2015. Los derechos de aprovechamiento de inmuebles por turno se valoran por el precio de adquisición. El propietario de un inmueble al alquilado antes del 9 de mayo de 1985 lo valorará por la menor de las siguientes: el resultante por la regla general y el de capitalizar la renta anual de 2015 al 4%.

• Depósitos bancarios: por el mayor del saldo a 31 de diciembre de 2015 o el saldo medio del último trimestre.

No obstante, en el saldo medio no se computan los importes retirados para adquirir bienes o derechos que se declaran también en el Impuesto, para evitar tributar dos veces por ellos.

Asimismo, si se ha obtenido un préstamo y se ha ingresado en el último trimestre, esa cuantía no se tiene en cuenta para calcular el saldo medio, ni tampoco se deduce la deuda. En el caso de acciones suspendidas de cotización, y que por lo tanto no aparecen en la correspondiente Orden Ministerial, habrá que valorarlas como si fueran acciones no admitidas a cotización, tal y como se especifica a continuación.

• Valores negociados que representan participaciones en fondos propios o cesión a terceros de capitales ajenos: por la cotización media del cuarto trimestre. Cuando se tengan acciones solo en parte desembolsadas, se computan como si lo estuvieran totalmente y se deduce el desembolso pendiente como deuda.

• Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva: se valoran por el valor liquidativo a 31 de diciembre de 2015.

• Valores no negociados:

- Los que representan la cesión a terceros de capitales propios: por el nominal más las primas de amortización o reembolso.

- Los que representan participaciones en fondos propios: el valor teórico resultante del último balance si hubiera sido auditado. En caso contrario se valorará por el mayor de tres: el nominal, el teórico del último balance aprobado o el resultado de capitalizar al 20% el promedio de los beneficios de los tres últimos ejercicios sociales cerrados antes del 31 de diciembre de 2015. Al contrario de lo que sucedía con el valor de transmisión de estos valores a efectos del cálculo de las ganancias patrimoniales en el IRPF, el criterio de la DGT es que no se tengan en cuenta los resultados negativos. Hay que tener en cuenta que el último balance cerrado, si la entidad tiene ejercicio social coincidente con el año natural, será el cerrado a 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, se podrá utilizar el cerrado a 31 de diciembre de 2015, según Sentencia del TS nº 873/2013, de 12 de febrero de 2013, si se repartieron dividendos en 2015 o si se redujo capital, al objeto de que no se produzca doble imposición.

• Seguros de vida: por el valor de rescate a 31 de diciembre de 2015. Los seguros de vida que no puedan rescatarse no se deben declarar.

• Derechos reales: se valoran conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El propietario de ese bien también lo declarará, pero su valor estará disminuido por el del derecho real que supone una carga.

• Ajuar doméstico: está exento, excepto joyas, pieles, automóviles, barcos o aviones, que se computan por el valor de mercado.

• Obras de arte y antigüedades: muchos de estos bienes estarán exentos por integrar el patrimonio histórico español (también de los que integren el de las CCAA), o por ser bienes de interés cultural, así como los que tengan un valor inferior al fijado por la Ley 16/1985, los que hayan sido cedidos en depósito permanente a instituciones sin ánimo de lucro para su exhibición pública o las obras propias de los artistas. Los no exentos se reflejan en el Impuesto por su valor de mercado a 31 de diciembre de 2015.

• Las cargas y deudas:

- Cargas: se restan directamente del valor de los bienes.

- Deudas: se valoran por el nominal y se descuentan de la suma de valores de los bienes y derechos.

No se deducen las deudas contraídas para adquirir bienes y derechos exentos. Entre las mismas se pueden deducir las deudas por el IRPF de 2014 o, si en el Impuesto se incluyen bienes o derechos adquiridos a título lucrativo, la correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no pagado a 31 de diciembre de 2015 proporcional a dichos elementos.

Reducción por mínimo exento

La base imponible se reducirá, exclusivamente en el supuesto de obligación personal de contribuir, en el importe que haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma en concepto de mínimo exento, y en caso de que esta no hubiera aprobado el mínimo exento se aplicará el de la ley estatal.

Si la Comunidad Autónoma no hubiese regulado el mínimo exento, la base imponible se reducirá en 700.000 euros, cuantía establecida a estos efectos en el artículo 28 de la Ley 19/1991.

Escala aplicable en 2015

La escala aplicable a la declaración de 2015 por contribuyentes de la Comunidad Valenciana, que se debe presentar como máximo el 30 de junio de 2016, es la estatal:

Base liquidable

-

Hasta euros

Cuota íntegra

-

Euros

Resto de Base Liquidable

-

Hasta euros

Tipo aplicable

   -

Porcentaje

0,00

0,00

167.129,45

0,2

167.129,45

334,26

167.123,43

0,3

334.252,88

835,63

334.246,87

0,5

668.499,75

2.506,86

668.499,76

0,9

1.336.999,51

8.523,36

1.336.999,50

1,3

2.673.999,01

25.904,35

2.673.999,02

1,7

5.347.998,03

71.362,33

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

183.670,29

En adelante

2,5

Para la declaración de 2016 del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Valenciana, que se deberá presentar en 2017 (será el primer año con tarifa propia, más elevada que la estatal y menor límite exento que cuando se restableció la exigencia de este impuesto en 2011) la Ley 10/2015 de medidas fiscales recoge las siguientes novedades:

-          Se reduce el importe del mínimo exento aplicable de 700.000 euros a 600.000 euros,  no obstante para aquellos sujetos pasivos con discapacidad psíquica, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, y para contribuyentes con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, el importe del mínimo exento se eleva a 1.000.000 euros».

-          Se aprueba una tarifa propia que supone, respecto a la tarifa estatal vigente, el mantenimiento de los importes de los ocho tramos y el incremento de los tipos de gravamen en, aproximadamente, un 25%.

La base liquidable resultante de la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior será gravada a los tipos de la siguiente escala para 2016:

Base liquidable

-

Hasta euros

Cuota íntegra

-

Euros

Resto de Base Liquidable

-

Hasta euros

Tipo aplicable

   -

Porcentaje

0,00

0,00

167.129,45

0,25

167.129,45

417,82

167.123,43

0,37

334.252,88

1.036,18

334.246,87

0,62

668.499,75

3.108,51

668.499,76

1,12

1.336.999,51

10.595,71

1.336.999,50

1,62

2.673.999,01

32.255,10

2.673.999,02

2,12

5.347.998,03

88.943,88

5.347.998,03

2,62

10.695.996,06

229.061,43

En adelante

3,12

 Límite conjunto con el IRPF

La suma de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio y la del IRPF no puede superar el 60% de la suma de las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta, sin tener en cuenta a estos efectos la parte de la base del ahorro de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de elementos con antigüedad superior a un año ni la parte de cuota del IRPF correspondiente a dicha base. Tampoco se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que no sean susceptibles de producir rendimientos en el Impuesto sobre la Renta. Si la suma de las cuotas supera el 60% de la base del IRPF, se reducirá la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta dicho límite, sin que la reducción en este último Impuesto pueda exceder del 80% de su cuota. En otras palabras, sea cual sea la base del IRPF, se pagará, como mínimo el 20%.

Además, con las nuevas medidas contenidas en la antedicha Ley 10/2015, el Consell estimó que 1.832 valencianos que hasta ahora no declaraban el Impuesto sobre el Patrimonio sí pasarán por caja en 2017, implicando, para estos nuevos ricos, unos 400 euros por contribuyente, que según el Consell es una cuantía irrisoria en relación con el total de 5 millones de personas en la Comunitat.

Con el objetivo de controlar el fraude fiscal, entre otras actuaciones normativas fruto del “Seminari d’Hivern” del president del Consell y sus consellers, la Generalitat inició una campaña para comprobar la situación tributaria de 800 contribuyentes de los que sospechaba que debieron declarar el Impuesto sobre el Patrimonio y no lo hicieron. Este dato lo obtuvo la Dirección General de Tributos al cruzar datos de declarantes del impuesto en el último ejercicio anterior a la bonificación del impuesto (2007) con los que no declararon en 2012 (primer ejercicio desde que se restableció el impuesto el 17 de septiembre de 2013) y filtró aquellos no fallecidos y que no habían cambiado su domicilio a otra comunidad. Como resultado de esta campaña de requerimientos masivos llevada a cabo por el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), el Consell ha recuperado 2,12 millones de los 539 defraudadores identificados en ”la primera campaña masiva en 20 años contra el fraude fiscal en el IP”, según informó la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.

El Conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, anunció el pasado martes día 10 de mayo que el Consell intensificará la campaña con el inicio de una nueva actuación contra el fraude fiscal en el IP en los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

En relación con lo anterior, ojo avizor sociedades patrimoniales!, pues cabe pensar que muchos de los contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio sobre los que Consellería tiene el foco puesto son personas que han creado una sociedad patrimonial para evitar tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio. Por ello, no debemos pasar por alto ciertas novedades desde el 12 de octubre de 2015 en la Ley General Tributaria ni el hecho de que la vigente normativa del Impuesto sobre Sociedades ha recuperado el concepto de sociedad patrimonial, por lo que conviene prever las indeseables implicaciones de incurrir en patrimonialidad ó de incurrir en otros supuestos como la simulación o el conflicto de la aplicación de la norma (anteriormente llamado fraude de ley), que aunque para una PYME suenan desde lejos, están más cerca de lo que parecen.

 Es sociedad patrimonial aquella en la que más de la mitad de su activo está constituido por valores o no está afecto a una actividad económica (sociedades holding) o que no realizan una actividad económica.

Gabinete de Estudios APAFCV

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