Las entidades de crédito españolas aportan al Fondo Social de Vivienda (FSV) otras 3.974 viviendas

Las entidades de crédito españolas aportan al Fondo Social de Vivienda (FSV) otras 3.974 viviendas

VALENCIAECONÓMICA.- Las entidades de crédito españolas han aportado hoy al Fondo Social de Vivienda (FSV) otras 3.974 viviendas adicionales destinadas a aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de su hipoteca. Con esta nueva aportación, los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, miembros de la Asociación Española de Banca (AEB), de CECA y de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), habrán puesto a disposición del FSV un total de 9.866 viviendas para que puedan ser alquiladas a precios reducidos por familias en situación de especial necesidad.

La incorporación de 3.974 nuevas unidades ha quedado reflejada en el texto del Convenio del Fondo Social de Vivienda, cuya renovación ha sido firmada hoy por representantes de la Administración, del Tercer Sector y de las entidades y asociaciones antes citadas. El objetivo de esta renovación, impulsada por el Ministerio de Economía y Competitividad, es facilitar el acceso a las viviendas de este Fondo a aquellas familias que hayan perdido su vivienda en un proceso de ejecución hipotecaria después del 1 de enero de 2008, y que se encuentren en una situación de particular vulnerabilidad.

El convenio del FSV ha incorporado otras novedades, como la flexibilización de los requisitos de acceso a la vivienda y la modificación del procedimiento de asignación, todo ello con el fin de aumentar el número de posibles beneficiarios del mismo y cubrir un espectro más amplio de situaciones que precisen una solución desde todas las instituciones involucradas. Adicionalmente, las entidades de crédito han venido desplegando, en los últimos años, una amplia gama de iniciativas para ayudar a aquellas familias que tienen o han tenido problemas para afrontar el pago de su deuda hipotecaria con el objetivo principal de que las familias conserven la propiedad de sus viviendas o, en caso de que hayan perdido su vivienda en un proceso de ejecución hipotecaria, encontrar una solución para ayudar a las familias afectadas por esta situación.

En este sentido, las entidades han renegociado y mejorado las condiciones de su hipoteca a más de 500.000 familias, permitiendo continuar con los pagos y evitar pérdida de su vivienda; se han suspendido el desalojo de sus viviendas habituales a un importante número de deudores hipotecarios, de acuerdo con el compromiso que adquirieron públicamente en noviembre de 2012 y que se generalizó a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.  Finalmente, las entidades han aceptado quitas de deuda y ofrecido soluciones de dación en pago para aquellas familias en riesgo de exclusión, facilitándoles un alquiler social en la vivienda que habitaban.

Además, la mayoría de las entidades llevan a cabo programas específicos para facilitar a los colectivos más desfavorecidos el acceso a la vivienda y ofrecen programas de búsqueda de empleo, formación y asistencia social.

 

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