Las sociedades profesionales en el ojo de mira de Hacienda. El Tribunal Económico Administrativo Central fija criterio para valorar operaciones socio-sociedad

Las sociedades profesionales en el ojo de mira de Hacienda. El Tribunal Económico Administrativo Central fija criterio para valorar operaciones socio-sociedad

Como todos sabemos por diversos casos mediáticos, los socios de sociedades dedicadas a actividades profesionales están en el ojo de mira de nuestras autoridades fiscales, y es que a la Agencia Tributaria no le gusta la idea de que un profesional pueda utilizar la figura mercantil de la sociedad de capital para prestar servicios que bien pudieran prestarse sin ella.

Como punto de partida debemos de señalar que la legislación española no prevé ninguna suerte de transparencia fiscal para este tipo de supuestos, y desde un punto de vista estrictamente mercantil, la sociedad tiene personalidad jurídica propia frente a cualquier operador económico. Ello la convierte en sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, mientras que el socio, personal física lo es respecto del Impuesto de la Renta de las Personas físicas.

Dicho esto, cabe recordarles que la jurisprudencia ha consolidado el criterio por el cual la negativa cualificada por su carácter abusivo a repartir beneficios en contra de los socios (minoritarios) constituye en última instancia un atentado a la causa negocial lucrativa del contrato de sociedad y al derecho abstracto al beneficio, esto es, al derecho esencial del socio a la participación en el reparto de las ganancias de la sociedad antes de la liquidación (art. 1665 Cc). Dicho en otras palabras, el socio de cualquier mercantil, aspira a hacer suyos los frutos de la misma, en su justa cuota de participación lógicamente, transfiriendo del patrimonio societario al suyo propio el rendimiento o ganancia obtenida una vez cubiertas las exigencias legales de la mercantil.

Sin embargo, la inspección de tributos prefiere no esperar a que la Junta de socios o accionistas apruebe tal reparto, y ha decidido combatir lo que denomina el “remanso” radicado en sede de la sociedad para imputarlo al socio. Y para males de muchos, recientemente el Tribunal Económico Central ha dictado una resolución, de fecha 2 de marzo de 2016, que unifica el criterio entre sus Tribunales regionales, en la que considera que cuando el servicio que presta la persona física a la sociedad vinculada y el que presta  la sociedad a terceros independientes es sustancialmente el mismo y del análisis del supuesto de hecho se deriva que la sociedad carece de medios para realizar la operación si no es por la necesaria e imprescindible participación de la persona física, no aportando valor añadido ( o siendo éste residual) a la labor de la persona física, se puede considerar, y por tanto, es acorde con la metodología de operaciones vinculadas, que la contraprestación pactada por la mercantil con su cliente final es una “operación no vinculada comparable”.

Ello supone que resultan comparables las dos operaciones siguientes (i) la de la sociedad con el cliente final o tercero y (ii) la del socio con la sociedad, no siendo necesaria la incorporación de una corrección valorativa por la mera existencia de la sociedad, sin perjuicio de las correcciones que se puedan realizar por la procedencia de gastos deducibles fiscalmente en el seno de la sociedad.

De esta simplista manera, y a criterio de nuestra Administración, el beneficio de la operación es atribuible al socio profesional que participó en ella de manera directa, haciendo así abstracción de la normativa civil-mercantil que sostiene cualquier relación entre el socio y la sociedad.

Así las cosas, debemos plantearnos cómo quedaría entonces la presunción recogida en el artículo 18.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (antiguo artículo 16 del Reglamento), por la cual el contribuyente puede considerar que el valor convenido coincide con el valor de mercado en el caso de una prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada cumplan determinados requisitos, ya de por sí, estrictos. Además, nos planteamos que pudiera considerarse como una doble imposición la tributación del socio al tiempo del reparto del beneficio, habida cuenta de que ya tributó por el IRPF con motivo de la regularización tributaria.

Con la resolución del TEAC se abre una vía de regularización masiva para los órganos de inspección, un tanto simplista pero posiblemente fructífera en términos recaudatorios. Aún con todo, estaremos pendientes de que se respeten las garantías en materia de motivación y prueba, esperando que los Tribunales de Justicia sean estrictos a la hora de revisar expedientes administrativos basados en el nuevo criterio del TEAC.

Gabinete de estudios Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana (APAFCV)

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