Los abogados de la Comunitat Valenciana exigen que ésta sea la legislatura de la justicia

Los abogados de la Comunitat Valenciana exigen que ésta sea la legislatura de la justicia

VALENCIAECONÓMICA.- A la vista del “Acord del Botànic” del pasado día 11 de junio, en el que no se hace referencia alguna a la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana, así como a las declaraciones que hemos podido leer y/o escuchar, la Comisión Permanente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados,  bajo la Presidencia de su titular y con la asistencia de los Decanos de los Colegios de Abogados de Valencia, Alicante, Castellón, Elche, Alcoy, Orihuela, Sueca y Alzira, acordó, por unanimidad, emplazar públicamente al nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana, a su Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, -que ha manifestado su voluntad de que la justicia valenciana sea una prioridad-, y a todos los partidos políticos, con representación en las Cortes Valencianas, para que, según sus respectivas responsabilidades y competencias:

1.- Se comprometan, pública e inequívocamente, a la efectiva dotación, conforme a las competencias transferidas, de los medios materiales y personales necesarios para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, poniendo fin a las inaceptables carencias que vienen soportando los Juzgados y Tribunales de la Comunidad, cuya falta de solución impide dar satisfacción al derecho de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones indebidas y, en definitiva, a la tutela judicial efectiva, comenzando, en cuanto dependa de sus competencias, por la inmediata dotación y puesta en marcha, en su mayor parte aún pendiente en estos momentos, de los 20 Juzgados de nueva creación, de distintos órdenes jurisdiccionales, aprobados para esta Comunidad por RD 819/10 de 25 Junio.

2.- Asuman que la inaceptable situación del Servicio Público, pues de eso se trata, de la Administración de Justicia en la CV, que afecta a Derechos Fundamentales de los ciudadanos, constituye una Cuestión de Comunidad, en cuya solución deben implicarse, junto con el Gobierno de la Generalitat, todos los Partidos Políticos, con representación en las Cortes Valencianas, en orden a alcanzar el necesario Pacto de Comunidad, que garantice su cumplimiento, a corto y medio plazo, al margen de las vicisitudes electorales.

3.- Constituyan a dicho fin, con la mayor urgencia, el “Observatorio de la Justicia”, en la que deberán participar activamente todos los operadores jurídicos, Jueces, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores, y, por supuesto, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, para identificar las necesidades, estudiar las posibles soluciones, su coste y financiación, mediante la necesaria Memoria Económica, que garantice su efectiva implantación,establecer las prioridades y consensuarlos calendarios correspondientes, de modo que, en esta nueva Legislatura pueda, por fin, hablarse de una moderna Administración de Justicia en nuestra Comunitat.

4.- Se comprometan públicamente a mantener el actual modelo de Asistencia Jurídica Gratuita, por ser el que mejor garantiza, a los ciudadanos sin recursos, su derecho de acceso a la Justicia, a extender dicho Beneficio a cuantas actuaciones resulten necesarias, para su defensa integral, no solo en sede Judicial, sino también en Vía Administrativa, incluir la Mediación y a introducir las mejoras tecnológicas requeridas, para la mejor y más eficiente gestión del Servicio, y a negociar de buena fe, con los Colegios de Abogados y Procuradores, una remuneración digna y suficiente, acorde con la función que desempeñan, a la que tienen derecho y de la que se han visto privados los Profesionales de la CV, cuyo baremo retributivo, que ni siquiera incluye todas las actuaciones que realizan los Abogados, sufrió además, en Enero de 2012 y después de siete años de congelación, un brutal recorte, por parte de la Conselleria de Justicia, del orden del 35%, hasta quedar situado a la cola de los de todo el Estado, incluso ahora, a pesar del insuficiente incremento del 10% aprobado por la Orden 4/2015, de 15 de junio, habilitando las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a todo ello.

5.- Promuevan la total supresión de las Tasas Judiciales, puesto que, manteniéndose para todas las Sociedades, sin distinción, incluidas incomprensiblemente las Pymes, que constituyen el grueso del tejido empresarial y la mayor fuente de empleo, en la CV y en el resto del Estado, las satisfechas por las Sociedades son finalmente soportadas, por la parte condenada en costas, en su inmensa mayoría las propias personas físicas, respecto de las cuales, aunque únicamente como demandantes, se habían suprimido las tasas.

6.- Se comprometan públicamente al desarrollo pleno de la competencia legislativa sobre Derecho civil valenciano.

A cuyas exigencias se acordó dar la correspondiente difusión pública, sin perjuicio de su traslado al Gobierno de la Generalitat y a todos los Partidos Políticos con representación en las Cortes Valencianas, a los efectos oportunos.

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