Los presupuestos de Justicia contemplan un aumento de la partida de asistencia jurídica gratuita

Gabriela Bravo afirma que se mejorará el nivel de recursos que se destinan a los juzgados y la administración pública.

Gabriela Bravo afirma que se mejorará el nivel de recursos que se destinan a los juzgados y la administración pública.

VALENCIAECONÓMICA.- La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha presentado este miércoles en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de las Corts las líneas maestras de las cuentas de su departamento para el ejercicio 2017. Para el año que viene, la Conselleria de Justicia propone un incremento del 6% respecto a 2016, lo que supone un total de 291 millones de euros. Según ha explicado la Consellera, los Presupuestos de la Generalitat en el ámbito de sus competencias tienen como el eje “el compromiso con las políticas sociales necesarias para acabar con la exclusión social y las desigualdades.”

Según Gabriela Bravo, los presupuestos permitirán mejorar el nivel de recursos que la Comunitat Valenciana pone a disposición de su administración de Justicia. Además, la Consellera ha explicado que los fondos destinados a su conselleria, aunque necesitaríamos más servirán para mantener el proceso de cambio y modernización de la Administración de la Generalitat porque “es consustancial al proyecto político del Botànic una Administración formada, fuerte, transparente y despolitizada.”

La Consellera ha desgranado en la Comisión parlamentaria las líneas maestras de las cuentas de su departamento, entre las que destacan los siguientes apartados y su dotación presupuestaria:

 31,8 millones para la Justicia Gratuita

La partida de destinada a la Asistencia jurídica gratuita para el Consejo Valenciano de Colegio de Abogados de la Comunitat Valenciana aumenta hasta los 27,5 millones de euros. En 2016 el presupuesto era de 26,5 millones de euros lo que supone un incremento del 3,43 %.

La partida destinada la Asistencia jurídica gratuita para los Colegios de procuradores de la CV alcanza los 4,3 millones de euros. El aumento en este apartado es del 10% ya que la cantidad presupuestada en 2016 era de 3,9 millones.

Ambos aumentos sirven para consolidar el esfuerzo que se realizó en 2016 en esta partida y que supuso entonces un incremento del 25%

 2,4 millones para la nueva Oficina Judicial

 Uno de los principales proyectos es la modernización de la organización de los juzgados y tribunales con el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial. Se ha iniciado ya la primera fase de este proyecto que conlleva la creación de nuevas estructuras y relaciones de puestos de trabajo que afectan a los 4.525 funcionarios de la Administración de justicia destinados en la Comunitat Valenciana. En este sentido se ha atendido una de las reivindicación históricas del colectivo como es un incremento del complemento específico de los funcionarios, incluidos los nuevos puestos de jefaturas que se van a crear en las oficinas. El coste anual de esta medida es de 2,4 millones de euros.

1,1 millones para ayudar a las víctimas del delito

 La nueva Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) contará con un presupuesto inicial de 1,1 millones de euros si bien se podrá ampliar esta cantidad si las circunstancias así lo aconsejan. Se crearán 21 oficinas, una en cada capital de provincia y otras 18 de ámbito comarcal.

La red será gestionada directamente por la Conselleria de Justicia y aplicará un nuevo modelo de asistencia multidisciplinar para las víctimas de delitos, en especial a los colectivos más vulnerables como menores, discapacitados y víctimas de la violencia de género, la trata de seres humanos o de la Guerra Civil y la dictadura. Además de asistencia letrada, los usuarios podrán contar también con apoyo psicológico y social antes, durante y después del proceso judicial.

18,9 millones para mejorar las sedes judiciales

Para la mejora de las sedes judiciales, tanto de nueva construcción como rehabilitación se cuenta con una partida por valor de 18,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,88 por ciento respecto a los presupuestos de 2016.

Entre los proyectos de mejora destacan el inicio del proyecto para la construcción del del Palacio de Justicia de Alzira. Se destinarán 1,5 millones de euros para poner en marcha el proyecto del Palacio de Justicia de Alzira.

Para la reforma del Tribunal Superior de Justicia de la CV: Durante el ejercicio 2017 se realizarán mejoras por valor de 3,6 millones. Se abordará la restauración del TSJCV, así como las actuaciones necesarias para la instalación de un nuevo modelo de climatización basado en la eficiencia energética. Mientras en la Ciudad de la Justicia se sustituirá el sistema de climatización para poner fin a los problemas que se arrastran desde la inauguración de las instalaciones. Estos fondos provienen de la iniciativa europea JESSICA que financia el proyecto de Eficiencia Energética de los Edificios Judiciales. En total, se invertirán 8’5 millones de euros durante los próximos tres años.

 37,6 millones para el funcionamiento de los juzgados

La Conselleria de Justicia destinará 37,6 millones de euros, un 11 por ciento más que en 2016, para mejorar el funcionamiento de los juzgados y, en especial, el servicio de los peritos judiciales, intérpretes, limpieza y seguridad en los edificios judiciales, dentro de los gastos generales.

 224.000 euros para la creación del Instituto de la Memória Democrática

 El organismo para la recuperación y difusión de la memoria democrática de la Comunitat Valenciana será una realidad en 2017. Contará con un presupuesto de 224.000 euros.

Gabriela Bravo ha destacado que la Conselleria de Justicia “exprimirá hasta el último céntimo con esfuerzo y también algo de imaginación para dar continuidad al proyecto que queremos para la Comunitat Valenciana”. Por ese motivo, ha solicitado a Las Corts que apruebe unos presupuestos que “permitirán situar la Justicia como una prioridad en la Carta social de derechos de la Comunitat Valenciana, darle el nivel que merece entre los servicios públicos y visualizar su destacada posición en la agenda política”.

 

 

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