Més Gandia pide la dimisión de los concejales que votaron los presupuestos ilegales de 2013 y 2014

El ex alcalde de Gandia, junto con Javier Reig, en una foto de archivo deberá responder de la sentencia y de la previsible nulidad de los presupuestos de 2014.

El ex alcalde de Gandia, junto con Javier Reig, en una foto de archivo, deberá responder de la sentencia y de la previsible nulidad de los presupuestos de 2014.

- Los concejales del PP hicieron caso omiso a sendos informes contrarios del Interventor y del Secretario

VALENCIAECONÓMICA.- La sentencia del TSJCV declarando la ilegalidad de los presupuestos municipales de Gandia de 2013 ha abierto una nueva línea de enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la oposición del PP, que ve como poco se va fiscalizando su gestión de gobierno, y como en este caso no salen muy bien parados. Por la gravedad de los hechos Més Gandia va a solicitar la dimisión de los concejales que votaron a favor de los presupuestos.

En este sentido cabe recordar que el Grupo Municipal de Compromis en el pleno del día 13 de marzo de 2013 cuando se sometió a votación el presupuesto del Ayuntamiento de Gandia para el ejercicio 2013 ya anunció que si el documento se aprobaba en los términos anunciados, presentaría una reclamación administrativa contra el acuerdo de aprobación. Siguiendo aquel anuncio, el grupo presentó esa impugnación del presupuesto porque, tal y como indicaba el entonces edil, Facund Puig,“desde nuestro punto de vista, el documento aprobado no se ajusta a la legalidad”. Puig recordaba que la Ley de Haciendas Locales obligaba los ayuntamientos a incluir en el capítulo de gastos “los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones” contraídas por la administración local. Compromis, basándose en el informe de la Intervención Municipal, consideraba que el Ayuntamiento de Gandia tenía unas obligaciones adquiridas con un conjunto de entidades de crédito, con las cuales firmó un buen puñado de préstamos, que no podía dejar de pagar.

Y es que, tal y como recogía el informe del interventor municipal, el presupuesto no contemplaba, por un lado, ninguna partida destinada a hacer frente al pago de los borde 8 millones de euros (7.958.287’47€), destinados a la amortización del capital de esos préstamos, correspondientes al ejercicio 2013; y por otro lado, ninguna cantidad destinada al pago ni de la amortización ni de los intereses de los préstamos contraídos por la empresa pública IPG.

Con esa manera de proceder, avalados por las apreciaciones contenidas en el informe del interventor municipal, Compromiso entendía que “se ha vulnerado parte de los preceptos contenidos en la Ley de Haciendas Locales”.

Cómo ya apuntó Compromiso en su día, “conviene tener en cuenta que el gobierno municipal no puede alegar desconocimiento de la norma en esta cuestión”, porque el informe que sobre el presupuesto redactó el interventor municipal advertía que “el impago de las obligaciones contraídas podía comportar graves consecuencias para el Ayuntamiento”. 

Puig recordó que podían haber consecuencias como por ejemplo, tener que pagar intereses de demora; la reclamación judicial por parte de las entidades bancarias de las cantidades no pagadas; el vencimiento anticipado de la operación y la obligación de la devolución de todo el capital la cuota del cual no haya sido pagado; pasar a ingresar en el registro de morosos del Banco de España; o la posibilidad que, en caso de persistencia del incumplimiento, el Gobierno central pueda, de acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, disolver los órganos de la corporación local.

Pues bien, dos años después, la Sección Quinta de Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictaminado que los presupuestos municipales del 2013 aprobados por el gobierno del Partido Popular al Plenario del 2 de mayo de 2013 vulnera, efectivamente, las exigencias legales impuestas en el artículo 165.1.a) y 166.1.d) del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puesto que no contemplaba el pago de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.

En la misma línea se encontrarían los presupuestos de 2014, con las mismas advertencias legales de la Intervención Municipal y de los grupos de la oposición. Y los de 2015 que el PP no se atrevió a aprobar, tal y cómo ha recordado la portavoz del Grupo Municipal de Más Gandia, Lorena Milvaques. “Después de una intensa semana con comisiones de Administración, de Hacienda, Junta de Portavoces… haciendo caso omiso a las advertencias legalidad de los Presupuestos de Gandia para 2015, por parte del Interventor y de los grupos de la oposición, el gobierno del PP decidió traerlos al Pleno Extraordinario. Finalmente, después de un retraso de casi una hora y la ‘misteriosa’ ausencia por enfermedad de la regidora del PP, Emi Climent, la cual ha acabado asistiendo a la sesión, el edil de Hacienda, Guillermo Barber, anunció que dejaba los Presupuestos sobre la mesa, reconociendo el temor a que la aprobación comportara consecuencias legales para los regidores del gobierno”.

Es por esta razón, que los concejales del Grupo Municipal de Compromiso al Ayuntamiento de Gandia, Lorena Milvaques y Facund Puig, ya mostraron su indignación por el reconocimiento explícito de la ilegalidad por parte de Barber y la decisión, sin previa comunicación a los portavoces.”Entonces ya pedimos la dimisión de Torró y Barber, como máximos responsables de la oscuridad y nefasta gestión económica. Días como hoy tengo vergüenza de pertenecer en la misma clase política que el PP. Después de una hora de receso y la ‘misteriosa’ ausencia de una regidora del PP, han decidido dejarlos sobre la mesa por miedo a la imputación. Eso sí, la culpa era nuestra para chantajearlos. Y del Interventor, supongo, por hacer los reparos de legalidad”,

Es por esta razón que Milvaques ha pedido que dejan su acta de ediles los actuales ediles que en aquel momento votaron a favor, todo y las advertencias legales continuadas. “La anulación de unos presupuestos es inaudita y vuelve a sacar el colores al Ayuntamiento de Gandia. Pero no será porque no lo advertíamos desde la oposición y desde la Intervención Municipal mismo. Y el PP no puede a alegar desconocimiento, porque el informe que sobre el presupuesto redactó el interventor municipal avisaba que “el impago de las obligaciones contraídas podía comportar graves consecuencias para el Ayuntamiento”.

“Ahora hace falta que asuman responsabilidades éticas aquellos que levantaron el brazo, con nombres y apellidos, votaron a favor y se rieron de nuestros avisos y de la gente, que ahora desgraciadamente pagará las consecuencias de un Plan de Ajuste terrible impuesto por el gobierno central por no haber hecho los deberes en su día. La ciudadanía no se merece esta clase de representantes públicos. Ni en el gobierno, ni a la oposición”, ha concluido la edil de Més Gandia y vicealcaldesa de la ciudad.

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