¿Quién odia las librerías?

¿Quién odia las librerías?

 

Lo nuestro no es crisis, sino asedio. Las librerías, los libreros y libreras, y los trabajadores que empleamos en nuestra actividad, hace tiempo que sufrimos crisis. La que se deriva de las coyunturas económicas y las otras, las peores, motivadas por prácticas desleales, incumplimientos legislativos y, en conjunto, malos hábitos institucionalizados que han alcanzado un punto insoportable. Podemos aceptar que en una sociedad donde la desregulación y la impunidad campan a sus anchas, aquellos eslabones más débiles de la cadena productiva estén condenados a la extinción. Pero no olviden que las librerías, en el paisaje urbano, son como las masas forestales en las montañas. Se echan en falta cuando desaparecen y los daños colaterales se arrastran durante lustros. Y lo que parece una evidencia en las sociedades europeas de nuestro entorno, a juzgar por la claridad que rige en las reglas del juego en el ámbito comercial como en la dimensión cultural asociada a la actividad librera- no es el caso español. De hecho, salvo excepciones puntuales, las librerías siempre gozaron de un prestigio que, a la hora de la verdad, nunca se concretó en medidas ni arbitrajes que garantizasen el desarrollo de tal actividad, situándola a salvo de especuladores, oportunistas y demagogos de toda clase y condición. Nadie pone en cuestión la necesidad de adaptarse a la sociedad de la información y a las prestaciones tecnológicas, pero lo que resulta inadmisible es la pervivencia de actitudes y prácticas que amenazan con extinguir las librerías del mapa. Más concretamente, del mapa de España.

De esta cruzada, por lo visto, no solo participan editoriales dispuestas a pasar sin el menor rubor por encima de cualquiera, con tal de ampliar su margen de beneficio. Sería bueno recordarles la fábula del escorpión y la rana, porque cuando desaparezcan las redes de librerías de pueblos y ciudades, sus novedades quedarán a merced de la visibilidad que tengan a bien ofrecerles las estanterías de las grandes superficies, así como los servicios especializados del dependiente de turno, sin duda también atento a las ofertas en otros productos de temporada. Pero insistíamos en que no solo las editoriales renuevan, un año tras otro, la ofensiva de echar piedras contra las librerías y su propio tejado. En esta sinrazón cuentan con increíbles aliados, entre los cuales las asociaciones de padres de alumnos (Ampas) y las administraciones públicas. También ciertos partidos políticos de todo el espectro ideológico, que son capaces de exhibir un lenguaje reivindicativo en elevadas tribunas, pero se vuelven incapaces de sostenerlo en el ámbito más próximo para evitar supuestas pérdidas de popularidad, o bien para escapar del lodazal demagógico que sustituye a la racionalidad y el debate al nivel de la vecindad. O de sus propios militantes encuadrados en las Ampas. En el caso de éstas, los abusos se han convertido en costumbre y, al parecer, en ley.

Por una parte, aceptan los tratos directos con las editoriales para ahorrarse unos euros en la adquisición anual de los libros de texto. Unos euros que, en el mejor de los casos, corresponden al margen que obtendría la librería. Un comercio que, a diferencia de las Ampas, paga sus impuestos, crea o mantiene puestos de trabajo y tiene que sufrir una competencia desleal tolerada, cuando no directamente amparada, por los poderes públicos. Asociaciones muy combativas contra el precio de los libros, pero seducidas por las editoriales que imponen esos precios, o rendidas incondicionalmente a los gobiernos, a quienes liberan de sus presiones ‘asociativas’ a cambio de tejemanejes sobre el precio del libro, en lugar de reclamar ayudas o becas para que sus hijos e hijas puedan cursar sus estudios con los materiales necesarios, libros incluidos. En esto también huyen de la homologación con Europa. Por el contrario, aceptado que el precio del libro adquirido en la librería representa una amenaza para la economía familiar, huelgan las campañas para ‘socializar’ mochilas, zapatos deportivos de marca, ordenadores portátiles, tabletas, móviles de última generación, moda de otoño-invierno y el largo etcétera.

El escapismo, la tolerancia, cuando no la complicidad directa de las administraciones en estas prácticas prohibidas por la legislación vigente, tiene un nombre en el código penal. Se llama prevaricación y está tipificada como delito. Lo que ya no tiene nombre es que, en el caso valenciano, la propia consejera de Educación anime al reciclaje de libros de texto, acaso emulando una civilización devastada donde la inexistencia o incapacidad de generar materiales educativos actualizados ofrece un espectáculo de miseria, demagógicamente camuflado bajo pretextos ecologistas, economicistas o vayan ustedes a saber. Ignorantes hasta la extenuación, se resisten a admitir, a la vista de los índices de lectura que delatan la inversión pública en cultura y educación, que en miles de hogares del país los únicos libros que entran cada año son los de texto. Y que su vida útil para el estudiante se alarga más allá del estricto curso escolar. Por no entrar en otras valoraciones sentimentales o consideraciones del estudiante respecto de los materiales que ha empleado en su itinerario formativo. ¿Han preguntado por ventura en Finlandia, donde mejores resultados registra el informe PISA, cuántos libros de texto pasan de generación en generación, o de una casa a la de sus vecinos? ¿Tal vez en Francia, que queda más cerca? ¿O en Dinamarca, por poner un país equidistante entre los hielos glaciares y la penuria hispana?

Si reivindicamos una educación pública, gratuita y de calidad, por seguir el popular eslogan, el libro de texto no puede ser el adversario a batir, ni la librería el enemigo a neutralizar. Tan desproporcionado e inusual resulta un banco de libros, como uno de mochilas, o de tabletas, portátiles, calzado deportivo y moda estudiantil. ¿No lo ven, o no lo quieren ver? Basta de incongruencias. Pueden disparar contra las librerías, pero no insulten la inteligencia. No pretendan ocultar con el precio del libro la ausencia de políticas y dotaciones presupuestarias que faciliten su adquisición en las librerías, en lugar de habilitar rutas corsarias y desleales. Tampoco pretendan tranquilizar sus conciencias debatiendo y promulgando leyes de apoyo a la lectura y/o a las librerías, que a continuación son archivadas y olvidadas, naturalmente sin haber habilitado las partidas presupuestarias para llevarlas a buen puerto. Y, en fin, ¿qué autoridad puede exhibir o imponer un gobierno incapaz de hacer respetar sus propias leyes sobre la competencia?

Las librerías nunca solicitamos un rescate como el que tan generosamente se ha producido en la banca. Pero nunca imaginamos que la actividad de vender libros de texto, además de la dinamización cultural, la profesionalidad y otros valores que merecen atención aparte, abrirían tantos frentes ni concitarían tantos intereses empeñados en nuestra extinción. ¿De verdad lo han pensado bien?

Gremi de Llibrers de València

 

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